MÉXICO :: Amnistía Internacional
Durante los últimos días el clamor social que exige a las autoridades mexicanas asumir su responsabilidad en el combate contra la inseguridad y la impunidad se ha incrementado en México.
Amnistía Internacional desde hace varios años ha hecho énfasis en este reclamo y reitera la necesidad de fortalecer el sistema de justicia mexicano como vía principal para combatir la impunidad y, en consecuencia, la inseguridad pública.
Garantizar un clima de seguridad pública forma parte de las obligaciones internacionales que el Estado mexicano ha contraído a través de numerosos tratados internacionales de derechos humanos. Desde hace varios años existen múltiples muestras de que esta responsabilidad no ha sido asumida cabalmente por el propio Estado que las suscribió voluntariamente. Un Estado donde la seguridad pública no es una realidad es un Estado donde los derechos humanos no se respetan.
Toda medida que las autoridades mexicanas adopten, de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de seguridad pública, debe contar con una perspectiva que impida caer en el falso dilema de que la seguridad pública y los derechos humanos son conceptos contrapuestos. Amnistía Internacional reafirma que un Estado donde no se respetan los derechos humanos, es un Estado donde la seguridad pública no existe.
El Acuerdo Nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad logrado recientemente, ofrece una oportunidad de enfocar los esfuerzos para construir la seguridad pública con justicia. Sin embargo, hasta ahora, Amnistía Internacional no ha detectado el pleno compromiso de todos los representantes del Estado mexicano de poner el respeto, protección y cumplimento de los derechos humanos en el centro de las medidas y objetivos de la iniciativa.
Por ello, Amnistía Internacional reitera su llamado al Estado mexicano para que adopte las medidas necesarias tendientes al fortalecimiento del sistema de seguridad pública, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.
